Estamos acostumbrados a percibir la prohibición de las drogas como una cuestión de salud pública... que responde más al deseo de garantizar la seguridad nacional que la seguridad personal...
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De tal manera, en la actualidad hemos llegado a admitir como razonable que si una persona vende a otra cualquier cantidad -por mínima que sea- de una droga prohibida está cometiendo un delito contra la salud pública, es decir, contra la salud de todos, mientras aceptamos que si una industria produce un envenenamiento masivo del aire, del agua o de la tierra -elementos que todos compartimos- se está cometiendo un delito ecológico.
Juan Carlos Usó. Pildoras de realidad. Ed. Amargord, 2012.
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